El Colegio de Nutricionistas plantea su preocupación por el acceso a alimentación saludable y las consecuencias que su falta podría conllevar a la salud de la población. “El Gobierno debe abordar esto pensando en la seguridad alimentaria de la población”, indica Cecilia Sepúlveda, presidenta del gremio.
Un significativo aumento en el precio de los alimentos básicos ha sido reportado en los últimos informes del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Productos como el aceite, el pan y la carne, entre otros; han experimentado alzas de hasta un 30% en promedio durante el último año.
Las variables económicas demuestran que el alza del Índice de Precios al Consumidor (IPC) tuvo un incremento de 1,9%, lo que resultó en un aumento del 9,4% en los últimos 12 meses. Mientras que el escenario internacional, potenciado por la pandemia del covid-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania, ha conllevado un aumento sostenido en la inflación.
La realidad en el comercio, en tanto, ha permitido que los clientes comparen el valor de algunos productos de amplio consumo, que incluso superan el 100%.
Cecilia Sepúlveda, presidenta del Colegio de Nutricionistas, evalúa la situación como altamente preocupante. “El alza de alimentos es imparable. Sin duda, repercutirá en la salud de las personas porque limita el acceso a una alimentación saludable; especialmente, los grupos más vulnerables de la población. Esto deja explícita la necesidad de que la alimentación saludable sea un derecho, y que de esta manera el Estado asegure su acceso y disponibilidad”.
Como efecto directo, las personas podrán comprar menos alimentos y tendrán que acceder a otros más económicos y/o de menor calidad. Incluso, reportes de distintos medios de comunicaciones, alertan que se estarían emitiendo más tarjetas de crédito desde distintos supermercados, con lo que se incrementará el endeudamiento para adquirir comida.
Para Álvaro Arias, tesorero nacional del Colnut, sostiene que “el derecho a la alimentación tiene que ser pensado a futuro, y hacer énfasis en una alimentación en tiempos de crisis porque te puede ser difícil acceder a otros bienes que no sean esenciales, pero no a la alimentación. Eso lo necesitas. Y es algo de lo aún no nos hacemos cargo como Estado”.
Para esto, es importante ampliar nuestra gama de opciones alimenticias, obteniendo el mejor provecho de los alimentos y sus nutrientes. “Tenemos que apuntar a ampliar las preparaciones disponibles, con distintos ingredientes, y que esa variedad permita que la economía alimentaria familiar no se resienta con cambios que dependen de uno o un par de alimentos. Por ejemplo, la dependencia chilena al pan es enorme. El consumo de harina de trigo tiene un gran impacto en el bolsillo de los chilenos y sobre todo, de los que son más vulnerables”, sostiene Arias.
Medidas de ayuda
De acuerdo a lo planteado por las autoridades, se están evaluando opciones de ayuda. Entre ellas, se descartó la fijación del precio de los alimentos y se estudia la entrega de una tarjeta destinada a la compra de productos.
“A nivel internacional -plantea Sepúlveda-, hay varias medidas que han servido para facilitar el acceso a grupos más vulnerables a alimentación saludable; y en ese sentido, las tarjetas deben permitir la compra de productos, de frutas y verduras, y alimentos que se consideran saludables más allá de la canasta básica. Porque la canasta es lo mínimo para tener alimentación y no cubre, necesariamente, una alimentación balanceada y saludable”.
Para la experta, “el Gobierno debe abordar esto desde la seguridad alimentaria. También podríamos ver la experiencia de otros países. Están las “casas verdes” o bancos de alimentos, donde los pequeños y grandes productores donan productos saludables a quienes las necesitan, para que ellas y ellos las puedan ir a buscar. Sin embargo, para esto debe haber una colaboración de los particulares, de la industria, de los agricultores y una gestión institucional, de parte del Estado”.
Cecilia Sepúlveda – Presidenta Nacional
Álvaro Arias – Tesorero Nacional