En medio de la discusión constituyente, el gremio busca que se garantice la disponibilidad y la calidad de los alimentos, para que las y los ciudadanos puedan tener un menor riesgo a múltiples enfermedades. “Si se quiere explicitar el derecho a la salud, es importante hablar de alimentación saludable porque no podemos tener una buena salud si no tenemos una buena alimentación”, dice la presidenta del Colnut, Cecilia Sepúlveda.
Este 16 de octubre conmemoramos un nuevo día mundial de la alimentación. Una fecha que es considerada clave en el combate contra el hambre, pero también como una buena oportunidad para promover la alimentación saludable en todos los rincones del planeta.
Esta preocupación tiene un origen claro: el 8.9% de la población mundial sufrió hambre en 2020 a raíz de la pandemia, y más de 672 millones de adultos, y 124 millones de niñas y niños son obesos, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Y en Chile, la situación no es muy distinta. De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Salud (2017), el 39.8 por ciento de la población tiene sobrepeso, un 31.2 por ciento tiene obesidad y un 3.2 por ciento tiene obesidad mórbida. Es decir, casi tres de cada cuatro chilenos presentan algún grado de malnutrición por exceso.
Se trata de un contexto preocupante, indica la presidenta del Colegio de Nutricionistas, Cecilia Sepúlveda, ya que no sólo implica un incremento de las enfermedades crónicas no transmisibles, sino que también revela inequidades que están fuertemente vinculadas a la salud y al buen vivir.
“Se deben tomar medidas que nos permitan consolidar cambios a largo plazo. Y por eso, si estamos en el proceso de una nueva constitución en nuestro país, es importante hablar del derecho a la alimentación”, sostiene la experta.
Actualmente, sólo 15 países de América Latina y el Caribe tienen esta garantía, lo que permite pensar la alimentación mucho más allá de la lógica de requerimientos nutricionales, incorporando su cadena productiva y variables sanitarias, económicas, sociales y culturales, entre otras.
“Como derecho a la alimentación saludable y sustentable entendemos que todo ciudadano tiene derecho a tener una alimentación que le permita tener salud”, asegura Sepúlveda. “La actual Constitución tampoco asegura el derecho a la salud, sino que garantiza el acceso y la elección de un sistema de salud. Entonces, si se quiere explicitar el derecho a la salud, es importante hablar de alimentación saludable porque no podemos tener una buena salud si no tenemos una buena alimentación”.
Es, por tanto, garantizar la disponibilidad y la calidad de los alimentos a través de todo el ciclo vital de los ciudadanos, permitiéndoles una vida digna y un menor riesgo a múltiples enfermedades. “El Estado se tiene que hacer cargo y establecer una estructura que vaya más allá de las acciones de un Gobierno. Y esto no se trata de subsidiar a todos los sectores, sino que en aquellos sectores más vulnerables, se deben generar estrategias y medios para que estas personas puedan acceder a una alimentación saludable”, indica la presidenta del gremio.
¿Cómo garantizar una alimentación saludable y sustentable?
Si bien son distintas las medidas que se pueden adoptar, integrar el derecho a la alimentación saludable y sustentable en la Constitución conllevaría a desarrollar estrategias macro y micro, indica la experta.
“Hay estrategias macro que tienen que ver, por ejemplo, con tratados económicos de importación y exportación. Acá la conversación tiene que ser a nivel de todos los ministerios, abrir más terrenos para la agricultura, facilitar el acceso a las semillas, y estimular también la economía circular dentro de la agricultura y la pesca”.
En cuanto a lo micro, que se traduce en lo que llega directamente a la población, sostiene Sepúlveda que es necesario disminuir el impuesto a los alimentos saludables y aumentárselo a los no-saludables, ya que eso abarataría el costo para los usuarios.
“Además, debe haber una estimulación a la autonomía y en eso, ha sido muy útil la implementación de tarjetas verdes en otros países. Se entregan a las familias más vulnerables para que compren frutas y verduras, sólo ese tipo de alimentos. Y también hay que estimular la creación de bancos de alimentos, donde lleguen productos a disposición de quienes lo necesiten. En Chile se pierden una gran cantidad de alimentos, y de hecho, somos de los países de la OCDE que desperdiciamos más comida. Tenemos solamente dos bancos de alimentos, uno en Santiago y otro en Concepción, y debería haber, al menos, un banco por región”, declaró.